He leído desde hace meses comentarios sobre la periodista Anabel Hernández. Pero estos son solo algunos, ya que llevo años, décadas, toda mi vida, escuchando comentarios similares. Hoy espero poder responder a 2 preguntas que muchos mexicanos nos hacemos:
¿Por qué el gobierno no castiga a tal o cual personaje si todos sabemos que es un delincuente?
Y más importante aún:
Si no lo está haciendo, ¿qué podemos hacer para que sí se castigue?
Cabe señalar que al referirme a la periodista, omitiré por completo cualquier opinión personal que tenga, con la que podemos o no coincidir. Me referiré únicamente a información que ha proporcionado en libros y entrevistas, sobre hechos delictivos que han sido “ignorados” o ignorados sin comillas, como usted prefiera leer.
No cualquier denuncia puede ser aceptada
El jefe de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz-Manero, explicó en una conferencia (antes de elaborar una propuesta de reforma) que en México prácticamente no se puede denunciar. Señaló problemas como la falta de personal. Yo he señalado en repetidas ocasiones (este tema satura mi cuenta de Twitter y este blog) que además no se puede denunciar por la ausencia de un sistema centralizado (muchas veces las víctimas acuden a denunciar al lugar incorrecto, en donde les orientan para que denuncien en otro lugar que también es incorrecto. Y cuando llegan finalmente al correcto, tampoco se les atiende, por la saturación explicada por Gertz-Manero).
Hoy mencionaré otro punto por el que muchas denuncias son rechazadas, o son recibidas pero no se castiga a los criminales: la falta de elementos. Se lo cuento con una anécdota. En una ocasión durante el sexenio de Felipe Calderón, un grupo de jovencitos amigos míos fueron a comer a un restaurante. Después de varios minutos, ingresó un grupo de policías municipales, todos encapuchados y con armas largas y rodearon su mesa, alrededor de 10 policías. Posteriormente los subieron por la fuerza en sus camionetas y les robaron sus celulares. Ignoro si este hecho, que considero mal llamado “levantón”, deba llamarse secuestro o privación ilegal de la libertad. Después llamaron a sus familiares para solicitarles un rescate de $5,000 pesos por cada uno (eran entre 5 y 7 amigos, por lo que el total oscilaba entre $25,000 y $35,000). Debido a que el rescate era incosteable para la gran mayoría y uno de ellos pertenecía a una familia algo adinerada, su padre pagó el rescate de todos. Los funcionarios públicos que los atendieron les explicaron sin ningún reparo, titubeo ni remordimiento el modus operandi de la policía, habiéndose convertido en su totalidad en una corporación del crimen organizado al servicio de cárteles del narcotráfico, siendo el secuestro solamente un negocio secundario. Incluso les ofrecieron la opción de denunciar el delito. Uno de mis amigos preguntó entre sus conocidos por los alias de algunos de los criminales, averiguando que eran cumplidores de amenazas: en caso de no haber pagado, todos mis amigos estarían muertos. Lograron, con bastante miedo, convencer a todos sus padres de que no denunciaran nada. Pero no a mí, yo sí presenté una denuncia por ellos. Acudieron agentes federales a mi casa (ignoro de qué oficina) a preguntarme por los hechos. Cuando les conté toda la historia, me dijeron que eran mis amigos quienes debían denunciar, por ser las víctimas. El hecho ocurrió frente a muchos testigos (los comensales del restaurante) y fue ampliamente difundido en nuestro amplio círculo de amigos.
Este es uno de muchos casos en que la denuncia es recibida pero no tiene los elementos suficientes para ser procesada. Es posible que el gobierno tenga la capacidad de reunir las pruebas, pero no la obligación. Es posible que las víctimas tengan la obligación de reunir las pruebas, pero no la capacidad. Y en otras ocasiones, las evidencias sí son suficientes para iniciar un proceso, pero no son suficientes para castigar todo el delito sino una parte del mismo. Por ejemplo, el dinero que el gobierno logra quitarle a un exfuncionario corrupto típico ronda el 10% de lo robado. Al no conjuntarse obligación y capacidad de reunir pruebas de una forma altamente efectiva, el grueso de los delitos quedan sin ser castigados. El resultado fue informado por Gertz-Manero en 2019: en México tenemos un 98% de impunidad.
¿Qué pasa con las denuncias de Anabel Hernández?
También le responderé con un ejemplo. Cabe señalar que el trabajo de la periodista es extenso y no me es posible referirme a todo. Pero tomando en cuenta los problemas que le acabo de describir y debido a nuestras leyes vigentes (escribo esto en enero de 2021), no importa si sus dichos son ciertos o falsos. No es posible perseguir a los presuntos criminales mencionados por ella.
El ejemplo:
Esta fue la primera vez que supe de Anabel, hace años en una entrevista con Carmen Aristegui. En esa entrevista Anabel afirmó que Felipe Calderón se reunión con jefes de todos los cárteles, o fue su secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño (a nombre de Felipe). La acusación parecía contundente y es lo que muchos nos imaginamos: Felipe Calderón, un narcotraficante más o el gran jefe de todos los grandes capos de México. Aristegui le preguntó qué pruebas tenía, a lo que Anabel responde: las tomé de las declaraciones ministeriales de narcotraficantes detenidos.
¿Qué significa esto? Que el gobierno de México arrestó a varios criminales, los interrogó y dieron esa información. Esto no prueba que sí ocurrió. Para ponerle en perspectiva, imagine que dichos criminales le hubieran nombrado a usted. Pueden tener un sinfín de motivos para nombrar a esos 2 exfuncionarios: ponerse de acuerdo para desorientar, o en efecto, ser socios en el crimen de ellos. Sea como sea, no puede una declaración en un interrogatorio ser tomada como prueba suficiente. Posiblemente en tales interrogatorios se les solicitaron pruebas de tales reuniones y no contaban con ninguna. Quizás tenían en sus teléfonos celulares una serie de mensajes estúpidos y humorísticos, como los que el Departamento de Estado de la administración de Donald Trump consideró como pruebas que acreditaban la participación del general Cienfuegos como protector de un cártel mexicano.
En otras declaraciones de la periodista, ha mencionado elementos con los que cuenta. Pero por una u otra limitación legal o de procesos, no pueden ser usadas. Pero eso no es todo. La imposibilidad de uso impide a los periodistas que tienen ese tipo de pruebas animarse a denunciar todo el material que tienen. Han desarrollado experiencia y saben que muchos delitos de los que se han enterado (sean ciertos o no) no pueden ser perseguidos ¿Para qué denunciar en ese caso?
Todo esto crea un ciclo vicioso de impunidad
Los periodistas se enteran de algún delito. Quizás incluso llegan a ser testigos. No denuncian. Aumenta la impunidad. Sí denuncian. La impunidad sigue igual por falta de elementos. Y si los criminales se enteran de la denuncia, el periodista es amenazado o asesinado. Solamente en caso de que un narcotraficante tome todas las precauciones de reunir evidencias detalladas de sus actividades criminales y las entregue completas a un periodista, en ese caso sería conveniente denunciar, pero eso jamás va a pasar.
Nuestros periodistas, en riesgo
Incluso durante la Cuarta Transformación, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, México es uno de los países más peligrosos para ser periodista, por el número de asesinatos. De ninguna manera minimizaré el problema, pero le cuento que las cifras anuales oscilan entre 10 y 20 asesinatos. Si bien no se trata de una cifra estratosférica, sobresale el hecho de que muchos de ellos cuentan con protección otorgada por la Secretaría de Gobernación, porque han sido amenazados por el círculo vicioso que describí. El gobierno reconoce que es encuentran en riesgo, pero las leyes vigentes no le permiten perseguir a quienes estén interesados en asesinarlos.
¿Qué se puede hacer?
No considero que deba ser responsabilidad de los periodistas el aportar evidencias completas cuando descubren un crimen. En realidad, el hecho de que aporten información cierta o falsa y el haber invertido tiempo buscando en expedientes legales para seleccionar lo que podrían ser delitos aún no perseguidos, me parece ya bastante trabajo, una labor que creo que la sociedad debería agradecer, apreciar, pero sobre todo, sacarle el máximo provecho posible. Lo que propondré puede sonar como algo bastante complicado, pero en realidad no lo es: es necesario utilizar un flujo único de información y de denuncias de periodistas, incluyendo las públicas, es decir, incluyendo las que no presentan en el ministerio público, sino en libros, revistas y sitios web de noticias. No veo lo que describiré a continuación como una forma de censura ni de limitar la libertad de expresión. Al contrario. Puesto que por el momento es totalmente legal publicar noticias falsas, es necesario que todos los medios que lo hacen tengan una notificación al lector advirtiéndole que lee información falsa o posiblemente falsa.
Obviamente, por supuesto, todo lo que propondré sería inútil sin las #ReformasDeJusticiaYa, que son las 3 reformas que he propuesto en repetidas ocasiones a diputados y senadores y hasta el momento han sido ignoradas por completo, por lo que los legisladores emanados de mi partido político favorito siempre contarán con la insistencia de un servidor hasta que dichas reformas u otras mejores sean ley o yo esté en el cielo. Hablo de la primera, la segunda y la tercera propuestas.
Sin estas reformas, cualquier intento de investigar con mayor profundidad los dichos de los periodistas los pondría en riesgo, y mire… protegerlos nos cuesta mucho dinero y de todas formas los están asesinando. Es tiempo de cambiar de paradigma.
Continuará. Parte siguiente: mi propuesta.
